“Creemos que el móvil, en ambos casos fue un robo, es decir, que querían asaltar a las víctimas sin saber que se trataba de efectivos; pero cuando descubrieron que eran policías los ladrones decidieron matar”, indicó el abogado Sergio Pérez, quien asumió las querellas por los crímenes del agente Víctor Emanuel Lazarte y del cabo Ramón Sánchez. El profesional reconoció que no descartan la hipótesis de que los delincuentes hayan planificado matar a policías y hayan seleccionado a las víctimas, pero aclaró: “por el momento no podríamos afirmar eso”.

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Pérez explicó que, si bien las causas son individuales, guardan muchas similitudes: las víctimas eran policías, los hechos ocurrieron en una misma zona y, además, no se descarta que Edgar Villafañe, acusado por el crimen de Sánchez, sea pariente de Alejandro Rodrigo Villafañe, uno de los acusados en el otro homicidio.

El 5 de julio Sánchez regresaba a casa en su moto, por la autopista de Circunvalación, cuando un delincuente lo derribó del vehículo. “Ramón iba con la parte negra del uniforme, no con la ropa color flúo. Cuando el ladrón descubrió que la víctima era un policía, lo ejecutó para que no pudiera actuar”, razonó el profesional. Por el hecho fue detenido Villafañe, quien fue imputado por homicidio agravado criminis causae.

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Por otro lado, por el crimen de Lazarte se les impuso la misma calificación legal a César Nahuel Suárez (19 años), José Manuel Vallejos (18 años), Agustín Leonel Tapia (18 años) y Rodrigo Alejandro Villafañe (18 años). El 10 de julio, según la acusación, los cuatro acusados emboscaron a Lazarte cuando llegaba en moto a su casa, en Silvano Bores al 1.000. La víctima, que no vestía el uniforme y no llevaba arma porque había sido nombrado recientemente en la Fuerza, se resistió al asalto. “Uno de los ladrones lo reconoció como policía y le dispararon”, señaló el abogado querellante.

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El profesional también fue consultado sobre la manifestación que se realizó durante el velorio de Lazarte, en la que familiares y amigos de la víctima pasaron con el cajón frente a Casa de Gobierno y exigieron garantías para el personal policial. La marcha fue breve y pacífica, pero despertó de alguna manera el triste recuerdo de lo que fue la sedición policial en 2013, hecho por el que 47 policías serán enjuiciados en septiembre. “Fue impresionante la cantidad de viudas e hijos de policías que se congregaron, sumado a las personas que los acompañaron. No creo que tenga algo que ver una cosa con la otra (en relación a lo que pasó en 2013), aquí el mensaje es claro: quieren una modificación en la ley, que proteja a los policías, porque no hay una ley sino un protocolo de cómo deben actuar en casos así. Esto se debatirá en unos días cuando empiece el (segundo) juicio a los policías acusados por la muerte de Facundo Ferreyra, yo defiendo a uno de los acusados, que reaccionaron ante un ataque armado y lamentablemente un proyectil mató al chico; pero los casos de Lazarte y de Sánchez nos muestran lo que puede pasar si la policía no actúa”.